El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el Real Decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España, que entre otras cosas habilita la figura del autoconsumo colectivo, para fomentarlo en comunidades de propietarios o polígonos industriales; reduce los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores; y, lo que es más importante, establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida.

Junto con la Estrategia contra la Pobreza Energética, también aprobada este viernes, el decreto persigue "poner a la ciudadanía en el centro del nuevo sistema energético", en palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha destacado que el autoconsumo, que "se hizo tristemente famoso como consecuencia del impuesto al sol" que implantó el PP, ha ido "extendiéndose en el conjunto de países europeos" y tiene "efectos enormemente positivos", en términos de reducción de precios y evolución desde un sistema "enormemente centralizado" y con consumidores pasivos a otro en el que "se trabaja en red" y los consumidores interactúan entre sí.

Según Transición Ecológica, la norma "hace viable el autoconsumo en España", permitiendo posibilidades hasta ahora no contempladas y tendrá un "efecto positivo sobre la economía general, sobre el sistema eléctrico y energético y sobre los consumidores" al fomentar la actividad económica y el empleo local, por su carácter distribuido.

Según Transición Ecológica, el despegue del autoconsumo favorecerá la electrificación de la economía, permitiendo a España cumplir con sus obligaciones en materia de lucha contra el cambio climático; "ofrecerá una alternativa a los ciudadanos, que puede ser más ventajosa económicamente que el consumo de energía tradicional"; y permitirá la entrada de nuevos actores, y de la propia ciudadanía, en el sistema eléctrico.

El Real Decreto, que estaba previsto en un Real Decreto Ley de medidas urgentes aprobado en octubre, se ha aprobado en vísperas de que comience la campaña electoral y clasifica y define las distintas clases de autoconsumo.

Hasta el momento, solo existía una posibilidad: el autoconsumo individual conectado a una red interior. Ahora se habilita la figura del autoconsumo colectivo, de forma que varios consumidores puedan asociarse a una misma planta de generación, para impulsar esta solución en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización.

Además, se define el concepto de "instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas". Con esta figura, se permite realizar el autoconsumo en instalaciones de generación situadas en la misma vivienda –como hasta ahora–, y en otras ubicadas en las proximidades. Así, por ejemplo, se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación, siempre que haya acuerdo entre las partes.

El decreto contempla un mecanismo simplificado de compensación de excedentes: aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente. Hasta ahora, si el autoconsumidor quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía, con los trámites y declaraciones fiscales pertinentes. Ahora, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura

Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW), y siempre que produzcan electricidad de origen renovable. La compensación económica puede llegar hasta el 100% de la energía consumida por el usuario en ese mes.

En el caso del autoconsumo colectivo, se abre la puerta a que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y coparticipe de su autoconsumo si éste no está utilizando su parte proporcional de energía. 

Así, se establece un sistema estático de reparto de la energía generada entre los consumidores asociados (se reparte siempre en la misma proporción entre los consumidores, independientemente de si la están utilizando o no), lo que no permite que un usuario que sí está en casa en ese momento utilice el excedente de otro que no esté usando su parte correspondiente de la energía. Pero se prevé un futuro desarrollo de reparto de autoconsumo dinámico, que permitiría un óptimo aprovechamiento del potencial del autoconsumo compartido.

La norma fija que mediante orden ministerial, se desarrollarán los mecanismos y requisitos necesarios para permitir la implantación de coeficientes de reparto dinámicos. "Esto significa que la energía que se genere en un sistema compartido se podrá compartir entre los usuarios en función de quién esté consumiendo en cada momento, y por tanto un mejor aprovechamiento de la instalación", explican fuentes del ministerio.

La norma también abre la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan ofrecer servicios de autoconsumo renovable. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha validado esta medida, supervisará la evolución del mercado y, en caso de que surjan problemas de competencia, "podrá proponer al Gobierno el establecimiento de restricciones a determinadas compañías".

Reducción de trámites

El Real Decreto reduce los trámites administrativos para todos los usuarios. En el caso del pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW, en caso de autoconsumo sin excedentes), se reducen a una única gestión: notificar la instalación de una planta de producción eléctrica en su correspondiente comunidad o ciudad autónoma.

El registro estatal se nutrirá de la información remitida por las administraciones autonómicas. Además, para las instalaciones de menos de 100kW en baja tensión, las administraciones recabarán información a partir de los datos del certificado electrotécnico de la instalación. Asimismo, se articula un procedimiento para que sea el distribuidor quien modifique el contrato de acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y éste solo tenga que manifestar su consentimiento.

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¿Seguiremos pagando por la electricidad más de lo que cuesta?

Por Natalia Fabra Portela | marzo 6, 2019 | 0 

Una reflexión en torno al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030

El último cambio de gobierno en España ha supuesto un golpe de timón en materia de energía y clima. Del denominado “impuesto al sol”, los recortes a las renovables, o los obstáculos al cierre de las centrales nucleares y de carbón, se ha pasado a un ejecutivo que en apenas ocho meses ha puesto de manifiesto que la transición energética está entre sus prioridades políticas. La Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Transición Justa recientemente presentados por el Gobierno han dado forma a su apuesta porque la descarbonización se convierta en palanca de cambio para la modernización de la economía. De la mano de políticas públicas, con el cumplimiento de los objetivos en materia de energía y clima (reducción de emisiones, aumento del peso de las renovables y mejora de la eficiencia energética), se inyectarán 236.000 M€ de capital público y privado durante la próxima década. Será un fuerte estímulo keynesiano cuyos efectos se multiplicarán a lo largo y ancho de la economía: aumentará el Producto Interior Bruto, se creará empleo y tejido industrial, y se aliviarán los desequilibrios de la balanza de pagos. A su vez, el menor uso de combustibles fósiles contribuirá a la mejora de la seguridad energética – al reducir nuestra dependencia energética del exterior – y a la mejora de la salud pública – al reducir el número de muertes provocadas por la contaminación.

Hacer pagar a los consumidores por la electricidad más de lo que cuesta estaría en contradicción con el principio rector del propio marco de energía y clima: el que la transición energética sea justa y eficiente.

Pero la importancia de lo anterior no debe hacernos pasar por alto otros aspectos, igualmente importantes, que determinarán el modelo energético y económico al que transitemos. El PNIEC, además de objetivos, también propone una batería de medidas para cumplirlos. Algunas de ellas son profusas en detalles, pero otras se limitan a un mero enunciado. Por ejemplo, la Medida 4.5 sobre la “Protección de consumidores de electricidad y mejora de competitividad” sólo contempla que “en los próximos meses se analizarán las reformas necesarias en el diseño y funcionamiento del mercado eléctrico.” De igual modo, la Medida 1.20 sobre “Fiscalidad” se limita a anunciar “un estudio en profundidad” para promover la “internalización progresiva y generalizada de las externalidades medioambientales”. El cómo se aborden dichas reformas puede condicionar en buena medida la consecución de los objetivos del PNIEC.

Las medidas contenidas en el PNIEC contemplan que la sobre-retribución de las centrales nucleares seguirá formando parte del precio que pagan los consumidores por la electricidad

Este artículo no puede profundizar en estas cuestiones, pero sí poner el foco sobre algunos elementos de la regulación eléctrica que es necesario cambiar. Y es que hacer pagar a los consumidores por la electricidad más de lo que cuesta, dificultaría el proceso de electrificación de la economía, mermaría la competitividad de las empresas y drenaría rentas de las familias, en contradicción con el principio rector del propio marco de energía y clima: el que la transición energética sea justa y eficiente.

Con los propios datos del PNIEC se desprende que, si se mantiene el marco regulatorio actual, las centrales nucleares recibirán unos beneficios de mercado de 1.983M€ anuales mientras permanezcan en explotación los siete reactores existentes (al menos hasta 2025), y de 935M€ anuales cuando cuatro de ellos dejen de estar operativos (a partir de 2030). Estas cifras se obtienen tomando las estimaciones que ha realizado Red Eléctrica sobre los precios del mercado eléctrico (53€/MWh en 2025 y 56,8€/MWh en 2030) y los costes variables de las nucleares (14€/MWh). Teniendo en cuenta, también según el PNIEC, los 2.339M€ de inversiones adicionales que durante la próxima década tendrán que acometer las nucleares para seguir operativas, y el pago de una tasa de residuos superior a la actual (7,9€/MWh), la sobre-retribución del parque nuclear hasta 2030 podría ascender a 17.000M€.

El análisis del impacto económico de las medidas contenidas en el PNIEC contempla que esta sobre-retribución seguirá formando parte del precio que pagan los consumidores por la electricidad. ¿Quiere decir esto que el Gobierno la da por bueno, aun tratándose de una renta a la que las empresas propietarias de las centrales nucleares tendrán acceso sólo gracias a la decisión del Gobierno de permitir su explotación más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas?

Los datos del PNIEC también reflejan que la hidroelectricidad obtiene unos beneficios de mercado de 1.500-1.600M€ al año. Y si bien los pocos datos que aporta el PNIEC al respecto no permiten hacer una cuantificación precisa de la posible sobre-retribución de las nuevas renovables, sólo en el caso de la eólica, ésta podría ascender a unos 1.100M€ en 2025 y 1.800M€ en 2030 (bajo el supuesto de que percibe el precio medio del mercado y de que sus costes medios ascienden a 40€/MWh). No obstante, esta sobre-retribución podría eliminarse con un sistema de subastas como las contempladas en el PNIEC. Pero el capítulo de análisis económico del PNIEC parece haber prescindido de esta medida al tomar el precio del mercado eléctrico como referencia para calcular el coste de adquisición de toda la electricidad (incluida la renovable).

Sería interesante cuantificar cuánto mayores serían los efectos positivos de la transición energética sobre el PIB, sobre la creación de empleo, o sobre la reducción de la pobreza energética si se aprovechara la reflexión que anuncian las Medidas 4.5 y 1.20 del PNIEC para evitar que las rentas injustificadas de la generación sigan encareciendo la factura eléctrica.

El marco de energía y clima presentado por el Gobierno permite hacer ésta, y muchas otras reflexiones, que podrán ser compartidas durante el proceso de consulta pública. Pero dense prisa en leer y comentar sus casi 500 páginas: el periodo de un mes para hacerlo acaba el próximo 22 de marzo.

Natalia Fabra

Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Carlos III de Madrid

Patrona de la Fundación Renovables

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